Procede admitir la demanda cuando reúna todas las exigencias procesales, bien porque las cubría de origen, bien porque, aunque fuera originalmente defectuosa, los defectos se mandaron subsanar y fueron subsanados. También procede admitirla cuando los defectos no mandados subsanar o no subsanados, sean de tal naturaleza que el acuerdo de inadmisión y el archivo resulten desproporcionados con la levedad de la falta y puedan ser subsanados más adelante.

Aparte los defectos insubsanables, limitados a aquellos en que el escrito no contiene pretensión alguna y a los supuestos de falta de jurisdicción y competencia objetiva o funcional, existen distintos supuestos de subsanación que se corresponden con las clases principales de defectos procesales que se pueden producir; a saber: 1) Defectos en relación con los presupuestos procesales; 2) Supuestos generales de posible y necesaria subsanación en relación con defectos apreciados en el escrito de demanda; 3) Supuestos específicos y concretos de subsanación expresamente exigida por la ley: falta de conciliación y reclamación administrativa previa; 4) Otros. Los estudiamos a continuación.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada al día siguiente se enmarca, al igual que el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, y el Real Decreto-Ley de 6/2023, de 19 de diciembre, en el Plan Justicia 2030 y está vinculada a la Componente 11.R2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La introducción de un nuevo artículo 86 bis en la LJS, rubricado “procedimiento testigo”, es una de las novedades más llamativas de las que aporta al proceso laboral el RDL 6/2023. Constituye una respuesta legislativa directamente encaminada a encauzar más eficientemente la realidad social de la litigación en masa.

Hemos de comenzar indicando lo que dispone el artículo 90.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: “las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos”.

Son varios los preceptos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social los que se modifican para introducir las medidas de digitalización introducidas o precisadas por el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Los estudio a continuación.

LA OBLIGATORIEDAD DE LA CONCILIACIÓN Y SUPUESTOS EN LOS QUE SE EXCEPCIONA

Como bien es sabido, la conciliación administrativa previa y su obligatoriedad es una característica clásica de la configuración del proceso laboral en aras a obtener una resolución de las cuestiones litigiosas laborales con la mayor celeridad posible intentando evitar la prolongación en la obtención de una solución acudiendo a la decisión judicial.

Un primer asunto objeto de reforma ha sido la configuración material de la jurisdicción social al procederse a dar una nueva redacción a las letras n y o del artículo 2 de la LRJS, respectivamente, en materia de impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral y en materia de prestaciones de protección social.