Como bien sabemos, los cambios en los sistemas productivos y en los modelos de organización empresarial están convirtiendo a la movilidad geográfica en una institución con una gran proyección desde la perspectiva empresarial, una fórmula con un gran potencial para adaptar la prestación de trabajo en un contexto en el que, cada vez en mayor número de actividades y empleos, se requiere la deslocalización de las personas trabajadoras. El impacto que la expansión del trabajo a distancia tiene sobre el lugar de la prestación de los servicios laborales es solo un ejemplo de las muchas implicaciones que la movilidad geográfica plantea. Es por ello muy oportuno analizar algunas cuestiones prácticas sobre la cuestión, en formato de preguntas y respuestas.

Como primera idea a destacar es que los límites que diferencian horario y jornada a veces son imprecisos, más en la propia ley, donde se hacen múltiples referencias a la jornada, pero poco se habla del horario. La jornada debe ser conceptuada como el periodo total durante el cual se realiza prestación laboral en un espacio temporal (día, semana o año), mientras que el horario nos indica detalladamente el inicio y el fin de dicha jornada, así como el tiempo de descanso. Es el elemento redistributivo de la jornada de trabajo.

Incorporado al artículo 15 del ET de la mano del Real Decreto-Ley 32/2021, el contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción sustituyó al contrato de trabajo de eventualidad, si bien su objeto se ha visto redimensionado, probablemente porque el vacío que dejó el contrato de obra o servicio determinado no se cubre enteramente por el contrato indefinido fijo-discontinuo, subsistiendo necesidades temporales de contratación que no podían ser colmadas con el anterior contrato de eventualidad.

Un autónomo colaborador es un familiar directo del trabajador autónomo titular que convive y trabaja para él. Para la Seguridad Social, los requisitos para cotizar como autónomo colaborador son:

a) Familiar directo: cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.

La construcción se ha convertido en la primera actividad en implementar los denominados Planes de Empleo Simplificados. Estos planes son una nueva forma de ahorro para la jubilación que se espera que se extienda a otros sectores y que sirva como un complemento efectivo a las prestaciones públicas en el futuro. En esta entrada quiero daros una información concreta y clara sobre estos planes en el formato de pregunta y respuesta.

El contrato indefinido adscrito a obra no es un contrato común que se pueda utilizar en cualquier sector productivo, sino que se ha configurado con carácter exclusivo para el sector de la construcción. Con toda claridad la ley se refiere a “los contratos indefinidos adscritos a obra celebrados en el ámbito de las empresas del sector de la construcción” y los define como “aquellos que tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras de construcción, teniendo en cuenta las actividades establecidas en el ámbito funcional del Convenio General del Sector de la Construcción”.

El contrato indefinido adscrito a obra sólo puede celebrarse “en el ámbito de las empresas del sector de la construcción” (DA 3.ª 1 LSC). Como es consabido dentro del ámbito de la construcción hay dos ramas principales: la edificación y la ingeniería civil, la construcción de edificios y la construcción de obra pública o civil. La edificación integra tanto la residencial (edificios destinados a ser habitados) como la no residencial (edificios agrícolas, industriales, de almacenamiento y de transporte). La ingeniería civil incluye, entre otras, la realización de obras de carreteras, hidráulicas y en ferrocarriles.

El fenómeno del trabajo por cuenta propia constituye uno de los ejes centrales de nuestra economía. La opción por esta modalidad de trabajo puede surgir a partir de una decisión personal, tomada libremente, de trabajar de forma independiente, con menos protección social, pero con mayor control sobre las condiciones de trabajo y la remuneración.

De esta forma, el trabajo autónomo se contempla como un mecanismo que permite crear empleo, y una vía para desarrollar una actividad profesional que permita mejorar la vida profesional y privada de quien lo ejerza. Cualquier actividad económica o profesional puede desarrollarse bajo la fórmula del autoempleo. Incluso, en tiempos de crisis, este tipo de iniciativas permite dar una respuesta rápida y flexible a nuevas necesidades sociales que deben ser satisfechas en el mercado laboral en un momento determinado y que suponen una oportunidad de negocio; se está hablando, por ejemplo, del servicio de atención a personas dependientes y mayores, o de las nuevas fórmulas de desarrollo de actividades comerciales que surgen gracias la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías en el ámbito de la información y de la comunicación.

PREGUNTA Nº 1: ¿EL PERÍODO DE PRUEBA ES OBLIGATORIO?

En absoluto. El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores claramente nos dice que <Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los Convenios Colectivos>. Vemos como utiliza la expresión <podrá>, catalogándose como un pacto facultativo para las partes. Exclusivamente por su acuerdo común pueden decidir plasmar esa facultad en el contrato de trabajo. En el supuesto de no ejercer esta facultad, se entiende que el período de prueba es inexistente.

PREGUNTA Nº 2: ¿EN QUE MOMENTO HA DE SER SUSCRITO? 

Si las partes deciden por acuerdo mutuo suscribir un período de prueba, lo deben pactar al inicio de la relación laboral y no en un momento posterior, aunque el contrato se haga de forma verbal.