En esta entrada analizo STSJ Murcia 275/2025, de 7 de marzo, en la cual el Tribunal asume la doctrina del Tribunal Supremo para determinar que concurre presunción de laboralidad en la causa del fallecimiento de un trabajador que fue encontrado inerte en su domicilio el día después de manifestar, en el momento de terminar su jornada, una sintomatología compatible con la hemorragia cerebral que se reflejó en su autopsia.

En la entrada de hoy voy a comentar dos sentencias importantes referentes al poder sancionador empresarial. La primera tiene que ver con la posibilidad de ruptura de la congruencia entre infracción y sanción «a la baja» (STS 10 de junio 2025, rec. 3011/2023) y la segunda sobre los límites empresariales para determinar la fecha de efectos de las sanciones disciplinarias (STS 11 de junio 2025, rec. 3357/2023).

En la presente entrada os comento Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 7 mayo de 2025 (RCUD 2124/2024). Este pronunciamiento es interesante puesto que analiza la validez de la prueba de detective para acreditar un uso abusivo del crédito horario. Como sabemos, el citado crédito horario funciona a modo de bolsa mensual de horas laborables concedida a los representantes unitarios o sindicales para ejercer sus funciones representativas y sindicales sin menoscabo de su salario ni de sus derechos laborales. Lo que se quiere es que el representante use esas horas retribuidas para actividades relacionadas con su mandato representativo.

Como sabemos, el salario de un trabajador se integra por conceptos de carácter fijo, junto con otros que dependen de la actividad desempeñada o de las características y condiciones del puesto de trabajo. La naturaleza de estos conceptos no es similar, y su consolidación o no dependerá del tipo de complemento del que se trate y, además, de otras circunstancias, como que el trabajador preste servicios efectivos o se encuentre en situación de incapacidad temporal.

Un supuesto muy interesante el que recoge la sentencia que os comento hoy. Como sabemos, para que las infracciones tipificadas en el artículo 54.2 del ET se erijan en causa que justifiquen la sanción de despido han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su aplicación bajo meros criterios objetivos, exigiéndose, por el contrario, análisis individualizado de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configura el hecho, así como las de su autor, pues solo desde tal perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción.

El Tribunal Supremo dictó el pasado 5 de febrero, Sentencia por la que declara la imposibilidad de que la negociación colectiva pueda introducir un sistema de votación distinto al presencial y al voto por correo, cuando no existe una habilitación legal que así lo establezca y el acuerdo colectivo en cuestión no es de los regulados en el Título III ET.

La controversia suscitada en este recurso de casación radica en determinar, si opera el silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de inscripción y registro del Plan de Igualdad de la empresa (PIE) Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. En primer lugar y como siempre hago, reseño brevemente los hechos del caso en cuestión, Con fecha 24 de mayo de 2022, se presentó por la FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO la solicitud de inscripción de su plan de igualdad en el registro de Convenios, Acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad en la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Secretaria de Estado de Empleo y Economía Social, Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía social.

Os comento una sentencia que me ha parecido realmente muy interesante. Me estoy refiriendo a la sentencia del Tribunal Supremo 190/2025, de 12 de marzo de 2025 (recurso n.º 4189/2022). Se trata de una controversia relacionada con la excedencia voluntaria, concretamente una empresa que tras la solicitud de reingreso del trabajador ocupa puestos de trabajo acordes con su categoría profesional mediante la conversión en fijos de contratos eventuales, en virtud de acuerdos con la representación legal de los trabajadores. La sentencia analiza si esto es procedente o no.